Subsecretaría de Evaluación Social y Dirección de Presupuestos dan puntapié inicial al proceso de monitoreo de la oferta pública 2025

Santiago, 18 de diciembre de 2025.- La Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron el puntapié inicial al proceso de monitoreo de la oferta programática gubernamental implementada durante 2025. La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete Maureira y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, inauguraron la ya tradicional ceremonia que reunió a más de 130 profesionales presencialmente y a otros 176 vía streaming, de 22 ministerios y de más de 70 servicios públicos, responsables de la ejecución de más de 700 programas este año.

El monitoreo es un seguimiento anual en el que se revisan los programas públicos mediante los cuales el Estado ejecuta sus políticas y entrega bienes y servicios a la ciudadanía. En este proceso se revisa información relevante sobre la población atendida, el cumplimiento de los objetivos en la ejecución programática y el uso de los recursos públicos, con el objetivo de mejorar constantemente las intervenciones estatales y fortalecer la toma de decisiones, contribuyendo a una asignación más eficiente del gasto fiscal. Es importante destacar que este es un seguimiento (evaluación ex dure) y no una evaluación en profundidad (o ex post) de los programas, y que sus resultados son un insumo relevante para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, "el monitoreo es un insumo clave para la formulación presupuestaria, porque entrega información prácticamente censal de la oferta pública, lo que nos permite tomar mejores decisiones al momento de asignar recursos. Evidencia de ello es que en cada Presupuesto que elaboramos como administración hemos identificado más recursos que se podían usar mejor gracias al monitoreo y a las evaluaciones, y a raíz de eso los reasignamos en otras prioridades". La autoridad agregó que "el monitoreo ha sido reconocido por organismos internacionales e incluso hemos recibido delegaciones de países latinoamericanos que han venido a aprender de esta herramienta. Esperamos que el núcleo de este proceso se siga fortaleciendo hacia adelante".

La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete Maureira, dijo que "en medio de la discusión pública contingente, es clave usar los resultados del monitoreo con responsabilidad. Este proceso entrega información para apoyar decisiones informadas y mejorar las políticas públicas, no para sacar conclusiones automáticas ni justificar definiciones apresuradas. Cuando se detectan deficiencias en el desempeño, no significa que un programa deba eliminarse, sino que permiten analizar ajustes, fortalecimientos o rediseños. Estos resultados deben leerse en su contexto y con rigor, considerando la complejidad de las intervenciones del Estado y su impacto en las personas".

Durante la actividad, se resaltó que, en el monitoreo 2025, solicitarán por tercera vez los registros administrativos de la población efectivamente atendida por los programas públicos con unidad de medida "personas", y por primera vez, por aquellos con unidad de medida "Hogares y/o Familias". El objetivo es fortalecer la calidad de la información analizada, a través de la validación de la ejecución de los programas públicos con registros administrativos, combinando el uso de la información del Registro de Información Social (RIS) con el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales (BIPS). El RIS es un banco de datos creado y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que cuenta con información de los atributos sociales, civiles y socioeconómicos de la población del país, susceptible de participar de los servicios y beneficios de la red de protección social.

Este sistema integrado de información apunta a mejorar la capacidad del Estado para tomar decisiones sobre inversión social, apoyar los mecanismos de selección de beneficiarios y racionalizar la entrega de prestaciones y servicios sociales. Para ello, integra información de municipalidades y de entidades públicas y/o privadas que administran prestaciones sociales creadas por ley.

Además, se resaltó que, ante el desafío de asegurar la calidad de los datos autorreportados por los servicios públicos, se implementará, por primera vez, una "revisión in situ" de la información reportada por los programas, con el objetivo de incentivar a informar con mayor rigurosidad y evidencia, así como identificar mejores prácticas y aprendizajes para reportar su desempeño. De esta manera, en el proceso que recién comienza se seleccionará un grupo de programas para que un revisor externo examine cómo se construyeron algunas de las variables informadas, como el gasto ejecutado, la población beneficiada, el indicador de propósito, entre otros.

Incidencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación a través de los años

El monitoreo es uno de los tres componentes del Sistema de Monitoreo y Evaluación que coadministran la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social, junto con las evaluaciones ex ante -de diseño- y ex post -de desempeño-.

En la Ley de Presupuestos 2026, el impacto del Sistema de Monitoreo y Evaluación se tradujo en una reducción promedio de 15% de los recursos de 157 programas con debilidades en sus diseños y/o desempeños; mientras que otras 150 iniciativas sin debilidades obtuvieron un aumento promedio de 2% en su presupuesto con respecto a 2025. En total, se reasignaron recursos por más de $156.000 millones para mejorar la eficiencia.

Anteriormente, en la Ley de Presupuestos 2025, el Sistema de Monitoreo y Evaluación permitió reasignar más de $77.500 millones, con una reducción promedio de 15% para 119 programas con debilidades y un aumento de 6% para 152 programas sin ellas. Y, previamente, en la Ley de Presupuestos 2024, la reasignación fue de $35.000 millones, con reducciones de 10% para 82 programas que mostraron debilidades en sus diseños y/o desempeños y aumentos de 3% para otros 201 programas que no presentaron hallazgos. En tanto, en la Ley de Presupuestos 2023, los programas con debilidades registraron una reducción promedio de 4,8%, mientras que los programas sin hallazgos tuvieron un aumento promedio de 6%, en comparación con la Ley de Presupuestos de 2022.

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