Ministerio de Hacienda presenta medidas para fortalecer el control y seguimiento del gasto del sector público

Santiago, 26 de junio 2025.- El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, presentaron este jueves una serie de medidas que está adoptando el Ejecutivo para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del gasto público.

Si bien estas acciones se han trabajado durante bastante tiempo, fueron recordadas a raíz de la publicación del Informe Principales Resultados de Fiscalización 2024 que la Contraloría General de la República (CGR) publica desde 2016 por un convenio de la entidad con la Cámara de Diputados. En su más reciente versión, el reporte consideró los 792 informes de fiscalización de distinta naturaleza despachados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, que equivalen a hechos ocurridos hasta el término de 2023 y que en muchas ocasiones se arrastran desde años anteriores.

Si bien el informe de la Contraloría no distingue entre tipos de instituciones públicas, el análisis de las autoridades precisó que un tercio de las fiscalizaciones del documento -un 31%- corresponde a municipalidades y gobiernos regionales. El 69% restante son fiscalizaciones realizadas al Gobierno Central, y casi un 20% de ellas se efectuó a instituciones que cuentan con sus propios sistemas de control o auditoría, como las Fuerzas Armadas o Carabineros.

Así, en la administración central los montos observados representan aproximadamente el 1,2% del presupuesto anual.

Además, los gastos observados por la Contraloría corresponden a diversas materias: errores contables, garantías vencidas, conciliaciones bancarias desactualizadas, deudas sin cobranza, entre otras categorías. Por lo tanto, el monto total fiscalizado no corresponde a fondos públicos "perdidos" o "defraudados", recalcó el ministro Marcel. De hecho, al analizar por materia, la Contraloría determinó reparos, acreditación de recursos o restitución de fondos por un 2,6% del monto total observado. Más específicamente, el ente contralor instruyó restituir $1.752 millones, pues el resto de las objeciones corresponde a procedimientos disciplinarios, sumarios o denuncias que no implican pérdidas de recursos.

"En la gran mayoría de casos no hay recursos que se hayan perdido. Hay alguna cosa que no se hizo bien, que la Contraloría dimensiona eso en pesos y los suma y hace una recomendación o entrega una instrucción respecto de qué hacer. Entonces, ¿Cuáles son las situaciones en las cuales hay necesidad de restitución de recursos como más relevante? En el 2,6% del total observado, o sea, del billón y medio de pesos, un 2,6% corresponde a casos en los cuales hay reparos o acreditación de recursos o restricción de recursos por parte de los servicios", explicó el ministro de Hacienda.

Asimismo, recalcó que "la idea de que hay una situación de descontrol en la administración pública no es correcta. Otra cosa es que puedan ser mejorables los mecanismos de control y en esto hay varios temas que deberían contribuir a fortalecer el ambiente de control. Lo primero tiene que ver con proyectos de ley en tramitación, que es la tramitación del proyecto de Ley del Servicio de Auditoría Interna General de Gobierno. Ese proyecto se ingresó hace bastante tiempo (…) y lleva prácticamente seis meses en una comisión mixta, pero resuelto y votado el informe de la Comisión Mixta -cosa que debería ocurrir este mes-, entonces concluiría la tramitación, que es muy importante porque le da fortaleza institucional y mayor capacidad y facultades a la auditoría interna".

Acciones en curso

Respecto de las medidas detalladas, tal como explicó la autoridad, un primer conjunto de acciones para fortalecer el control en el sector público son proyectos de ley que están en tramitación legislativa. Se mencionó en primer lugar, la iniciativa que Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), cuya tramitación se espera concluir en julio. Con la puesta en marcha de esta nueva entidad, se podrá fortalecer el carácter técnico e independiente de la auditoría general gubernamental y su institucionalidad, junto con robustecer las unidades de auditoría interna de la administración del Estado.

Un segundo proyecto de ley que va en una línea similar, pero que se enfoca en los Gobiernos Regionales, es el de Regiones Más Fuertes, que mejora los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para dichas entidades. Por ejemplo, exigirá contar con informes de auditorías externas al final de una administración e incrementará los estándares de gestión financiera. Con tal de agilizar su tramitación legislativa, se renovará la urgencia suma de esta iniciativa, para que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados pueda comenzar a votarlo una vez despachado el proyecto sobre Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Una tercera medida es el fortalecimiento de la Contraloría General de la República. El ministro Marcel explicó que el Gobierno está analizando las propuestas de la Contraloría y que entregará una respuesta respecto de sus sugerencias u observaciones en las próximas semanas.

Un segundo conjunto de medidas que está preparando el Ejecutivo se enfoca en fortalecer el vínculo entre los informes que elabora la Contraloría y las respuestas de los servicios públicos. Para ello, una vez que constituido el SAIG, se priorizará la elaboración de una plataforma digital que permita relacionar recomendaciones y observaciones de auditorías internas y externas a las respuestas de cada servicio. También se le solicitará desarrollar un sistema dentro del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) para monitorear, informar y medir el desempeño en la respuesta a observaciones de fiscalización. Además, se encomendará incorporar diligencia en respuesta a las acciones de fiscalización dentro de los Convenios de Desempeño de los jefes de servicios públicos.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, reforzó que actualmente el Ejecutivo aborda en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) los distintos hallazgos que levanta tanto la Contraloría como las propias auditorías internas. "Los servicios públicos tienen compromisos asociados a sus auditorías, y el CAIGG revisa que se vayan cumpliendo. El Consejo apoya con formación, capacitación, y en particular ha emitido más de diez documentos técnicos de orientaciones y lineamientos para ayudar a los auditores internos a cumplir sus funciones de la mejor manera, lo que ayuda a fortalecer la red de auditoría interna de cada uno de los servicios públicos y ministerios, que son los encargados de acompañar, orientar y velar porque se vayan cumpliendo y subsanando los hallazgos. Tenemos un sistema de auditoría interna que, por supuesto queremos fortalecer", describió la autoridad.